Un pronunciamiento firme, la Asociación Peruana de Consultoría exhortó a las autoridades revisar la situación de los contratos que se suscriben de acuerdo a la modalidad Gobierno a Gobierno, pues marginan a los profesionales y empresas nacionales, trasgreden la ley, eluden controles y se están celebrando con firmas inhabilitadas por el Banco Mundial.
Recuerdan que el D. Leg. 1564 modificó la cuarta disposición complementaria final del D. Leg. 14444, que a su vez modificó la Ley de Contrataciones del Estado, exigiendo que solo procedan esta clase de contratos cuando represente una ventaja considerable para el Perú y cuando se demuestre que en el mercado local no hay proveedores ni contratistas para atender los requerimientos de los que son objeto. Sin embargo, actualmente, señala el documento, esta modalidad ha pasado de ser excepcional a una regla general “como si fuera la solución a todos los problemas que el país padece, cuando claramente se advierte que es una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado”, anota.
Añade que se han celebrado contratos con firmas inhabilitadas por el Banco Mundial para ejercer sus actividades, como es el caso de la empresa francesa Egis, no elegible hasta el 2 de enero de 2027, que actualmente está trabajando en dos grandes proyectos de carreteras: la nueva Carretera Central, que ha despertado múltiples cuestionamientos; y la Vía Expresa Santa Rosa, autopista elevada que desembocará en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional.
Señala, finalmente, que la APC propicia un trato justo e igualitario para todos y la mayor competencia posible. En dicho objetivo, sin embargo exige que no se discrimine, en su propio país, a los profesionales y a las empresas peruanas y que no se opte por empresas y profesionales inhabilitados para ejercer sus respectivas actividades.
