La Asociación Peruana de Consultoría (APC) plantea la urgente necesidad de modificar la Ley 32069, la cual actualmente establece el arbitraje como único mecanismo para resolver controversias en contratos de consultoría de obras públicas referidos a la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos.

Este esquema es incompatible con la celeridad que requieren los proyectos de obras, si se toma en cuenta que por lo que general hay que  esperar unos 3 años por un laudo arbitral. Esta situación afecta gravemente la planificación y ejecución de proyectos fundamentales para el país.

Por ello, proponemos la inclusión de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ya utilizada con éxito en la ejecución de obras, como una alternativa preventiva y técnica que permita resolver conflictos de manera más rápida y eficaz.

📌 La incorporación de la Junta permitirá que los estudios y expedientes técnicos se desarrollen sin trabas, contribuyendo así a una mejor calidad y velocidad en la inversión pública.