El proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, actualmente en redacción en el Congreso de la República, corrige un 80% de las deficiencias de la normativa actual. Sin embargo, aún queda un 20% por resolver para garantizar concursos eficientes y la ejecución de obras sin interrupciones ni saldos pendientes. Así lo señaló el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, Dr. Elías Tapia Julca, durante un conversatorio organizado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.
Dr. Tapia destacó varios aspectos positivos del proyecto de ley. En primer lugar, mencionó que los adicionales para ir a la Contraloría deberán ser mayores al 30% y ya no del 15% como rige aún. Actualmente, cuando los casos pasan a la Contraloría generan por los menos tres meses de retraso en el desarrollo de la obra y mayores gastos operativos para el contratista.
Un segundo acierto, según Tapia, es la limitación de los contratos gobierno a gobierno para casos de “alta complejidad”. Actualmente, dijo, se abusa de esta modalidad, llegando al absurdo de entregar la construcción de colegios y hospitales a consorcios internacionales, pese a que existe una comprobada y vasta experiencia de los ingenieros peruanos en estas áreas. Ejemplos de esto son la nueva Carretera Central y la ejecución del saldo de la III Etapa de Chavimochic. Situaciones algo controversiales si se tiene en cuenta que las etapas I y II de Chavimochic fueron realizadas por peruanos, al igual que los proyectos Chinecas, Chira-Piura y Majes-Sihuas.
Tapia también destacó que la ingeniería nacional ha ejecutado hospitales complejos como el Edgardo Rebagliati y el Guillermo Almenara de ESSALUD. Sin embargo, actualmente, la construcción de los hospitales Antonio Lorena del Cusco y Sergio Bernales de Lima se lleva a cabo bajo la modalidad de Estado a Estado mediante convenio con Francia.
Otro aspecto positivo de la nueva ley es el referente al pago de las valorizaciones de obra y consultoría de obra. Los funcionarios que retengan estos pagos serán pasibles de sanciones. Además, la ley dispone la emisión de documentos metodológicos para la elaboración de expedientes técnicos, lo cual ayuda a superar las trabas encontradas en estudios de ingeniería, estudios de impacto ambiental y las interferencias de los predios.
A pesar de estos avances, Dr. Tapia subrayó tres puntos que aún necesitan resolverse:
- Establecer Juntas de Resolución de Disputas para los casos de consultoría, lo que garantizaría la calidad de los expedientes técnicos para las obras.
- Que no se tipifique como delito penal la realización de expedientes técnicos deficientes.
- Que se retire la disposición que con el 50% de adicionales se resuelve el contrato. Resolver el contrato trae como consecuencia que ejecutar el saldo de obra cuesta más al Estado.
