Diversos exministros de Economía han advertido que los contratos Gobierno a Gobierno (G2G) incrementan significativamente los costos de las obras públicas, resultan ineficientes al no concluir los proyectos en los plazos previstos, generan impactos sociales negativos al no atender oportunamente las necesidades de la población y, además, relegan la participación de la ingeniería nacional, así como de empresas y profesionales idóneos.
Frente a esta situación, Capeco, el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima (CIP Lima) y la Asociación Peruana de Consultoría (APC) solicitan al presidente de transición, José Jerí, que no se suscriban nuevos acuerdos Gobierno a Gobierno y que se deroguen las disposiciones que impulsan su ampliación.
El pronunciamiento se sustenta en la preocupación por el intento de extender arbitrariamente el uso de los G2G, pese a que la Ley General de Contrataciones Públicas los limita exclusivamente a proyectos de alta complejidad que justifiquen ventajas reales. La ampliación de este mecanismo desnaturaliza la norma y subestima la capacidad técnica del país.
Asimismo, los resultados negativos de este modelo ya son evidentes: proyectos de drenaje y defensas ribereñas que no se concretaron, hospitales y colegios que colapsaron ante fenómenos de baja intensidad, entre otros casos que reflejan ineficiencia y mayores riesgos para la población.
Entre los ejemplos más representativos destacan:
- Hospital Lorena del Cusco, cuyo costo por cama triplica el promedio nacional.
- Aeropuerto de Chinchero, cuyo presupuesto pasó de USD 427 millones a USD 660 millones.
- Nueva Carretera Central, cuyo presupuesto se duplicó.
- Viaducto Santa Rosa, que aumentó de S/ 829 millones a S/ 1,700 millones, además de registrar graves retrasos.
Las instituciones firmantes reiteran la urgencia de fortalecer los mecanismos nacionales de contratación y de garantizar que las obras públicas se ejecuten con eficiencia, transparencia y participación de la ingeniería peruana.
