La Asociación Peruana de Consultoría (APC) hace de conocimiento público su preocupación por las discrepancias existentes entre los registros administrativos de las entidades públicas y la real participación de los profesionales en los proyectos.

Se ha identificado la aplicación de criterios restrictivos en los registros institucionales, los cuales limitan el período de participación de los profesionales al plazo de ejecución física de la obra, omitiendo etapas contractuales esenciales como la revisión de antecedentes, revisión del expediente técnico, levantamiento de observaciones, liquidación contractual, atención a requerimientos de la Contraloría General de la República, así como la intervención en juntas de prevención y resolución de disputas o arbitrajes.

Estas inconsistencias pueden generar cuestionamientos y la apertura de procesos administrativos sancionadores cuando las fechas consignadas en los certificados emitidos por los contratistas no coinciden con los registros de las entidades, pese a responder a la realidad contractual del servicio prestado.

En ese sentido, la APC exhorta al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE) y a las entidades públicas a que sus registros se ajusten estrictamente a la realidad de los hechos y a lo establecido en los contratos, y que no se inicien procesos sancionadores cuando las diferencias de fechas obedezcan a las circunstancias descritas.