Un importante anuncio hizo anoche el Ing. Elías Tapia Julca, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), al revelar que los estudios de pre-inversión serán considerados apropiadamente como Consultoría de Obras en la nueva normatividad que prepara el MEF referente a las contrataciones de obras públicas.  Un gran avance, sin duda, pues hasta hoy solo se considera como simple consultoría.

Este logro es uno de varios alcanzados luego de sendos diálogos convocados y sostenidos por el Ministerio de Economía con los propios actores del sector, como son la APC, los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, CAPECO, la Cámara de Comercio de Lima.

También, se ha considerado elevar al valor del 3% del costo de la obra a los estudios definitivos de ingeniería, que en el Perú son muy completos pues incluyen incluso estudios conexos, como los arqueológicos, liberación de predios, etc. Hasta ahora su valor solo alcanza el 0.5% hasta 1% del valor referencial de la obra, situación que ha generado expedientes técnicos deficientes con el consecuente efecto dañino sobre los proyectos de obras públicas, mencionó.

Otros avances que anunció, el presidente de la APC,  durante el Conversatorio Cambios normativos para la ejecución de obras públicas, organizado por el CD Lima-CIP, Capítulo de Ingeniería Civil, es que se ha puesto en la mesa diálogo con el MEF la consideración que las licitaciones públicas no pueden ganarse al 90% del costo referencial de la obras, sino mínimo al 100%.

Que no existan penalizaciones excesivas sino solo de un máximo de un 5%.

Que se aplique el principio de igualdad entre las empresas nacionales que compiten en las licitaciones públicas con sus similares extranjeras, tanto en materia de experiencia como en otros factores de calificación como la facturación.  En este aspecto, el propósito es que se equipare la participación de ambas en la normativa sin colisionar los Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú, expresó.

Otro factor que ya lo ha acogido el MEF durante el diálogo con las organizaciones representativas del sector  es el referido a la experiencia que se pide a los postores para  no sea de 10 años sino de más.  Al momento, el acuerdo sería por lo menos de  15 años.  Un avance, si se considera que muchas empresas de vasta experiencia hoy en día se inhiben de participar dado que los concursos de obras públicas no son atractivos.  Por tanto, si en próximos concursos se considera solo la experiencia de los últimos años, definitivamente quedarían sin opción de postular, añadió.