¿Desde cuándo una opinión profesional constituye un indicio de delito?
¿En qué momento el ejercicio de la libertad profesional pasó a desarrollarse bajo la permanente amenaza de una investigación penal?
En el ámbito de la consultoría de ingeniería, emitir opiniones, formular recomendaciones y sustentar criterios técnicos forma parte de la responsabilidad profesional.
Una opinión técnica puede ser equivocada. Una recomendación profesional puede no ser compartida por quien posteriormente revisa un expediente. Pero ninguna de esas circunstancias, por sí sola, faculta a atribuir responsabilidad penal a quien la formuló.
El problema va más allá de una investigación individual. Cuando expresar un criterio profesional puede convertirse en motivo de persecución penal, se genera un efecto inhibidor: el temor a opinar, recomendar o tomar posición frente a decisiones que requieren conocimiento especializado.
El abogado Ricardo Gandolfo Cortés, director de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), plantea esta reflexión y pone sobre la mesa un debate necesario para el ejercicio de la consultoría y la calidad de las decisiones públicas.
La responsabilidad profesional debe exigirse. Pero la discrepancia técnica no puede confundirse con responsabilidad penal.
Defender la libertad de opinión técnica es también defender el ejercicio responsable de la profesión.




