La Asociación Peruana de Consultoría (APC) emitió hoy un enérgico pronunciamiento en rechazo al Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República, el cual busca incluir a entidades privadas que trabajan con el Estado dentro del ámbito de supervisión de la Contraloría.
Este proyecto, además de modificar la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, propone incorporar a personas naturales y jurídicas dentro de la competencia jurisdiccional de la Contraloría General de la República. Esto, según la APC, representa un grave riesgo para la inversión privada y la ejecución de obras públicas en el país.
Además, el proyecto propone incorporar nuevas infracciones, llegando al absurdo de considerar como tales a las autorizaciones de prestaciones adicionales y de ampliaciones de plazo. Estas autorizaciones, aprobadas por especialistas contratados para garantizar la adecuada inversión pública, son comunes en la ejecución de obras para ajustar sus valores a la realidad.
La APC hace un llamado a las autoridades pertinentes para que revisen este proyecto de ley y consideren las implicancias que tendría en el desarrollo económico y social del país. Se insta a buscar alternativas que promuevan la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, sin obstaculizar la participación del sector privado.
PRONUNCIAMIENTO
CONTRA EL PROYECTO QUE PRETENDE CONVERTIR A LOS PRIVADOS EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS
La Asociación Peruana de Consultoría, institución gremial representativa de la ingeniería de consulta en el país, fundada en 1968, reconocida por la Ley 23554 y afiliada a la Federación Panamericana de Consultores y a la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, exhorta a las comisiones de Economía y de Fiscalización del Congreso de la República para que dispongan el inmediato archivo del Proyecto de Ley N° 7316/2023-CG presentado por la Contraloría General de la República con el objeto de someter bajo el ámbito de su competencia a las personas y empresas privadas nacionales y extranjeras que contratan con el Estado, cualquiera que sea el régimen aplicable, como proyectistas, supervisores o ejecutores de obra; a cuyos socios, directores, representantes, gerentes y administradores, al igual que a los profesionales independientes que se conducen como contratistas, pretende considerar como funcionarios públicos con el inaceptable argumento de que desempeñan función pública, figura que solo es posible en el sector público cuando un servidor le encarga a otro que haga uso de aquellas que a él le corresponden.
El proyecto también propone modificar la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control para incorporar a las señaladas personas naturales y jurídicas dentro de la competencia jurisdiccional de la Contraloría General de la República; y para incorporar nuevas infracciones en las que podrían incurrir, llegando al absurdo de considerar, entre ellas, a las autorizaciones de prestaciones adicionales y de ampliaciones de plazo que, aprobadas por los especialistas expresamente contratados para cautelar la cabal inversión pública, son frecuentes en la ejecución de una obra con el fin de ajustar sus valores a la realidad.
La Ley N° 31288, expedida para subsanar los vicios que el Tribunal Constitucional detectó en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ha provocado – según varios observadores- que muchos funcionarios públicos se abstengan de adoptar medidas ante el temor de ser perseguidos y llevados a juicio, lo que ha generado la paralización de muchas obras públicas. El nuevo proyecto que auspicia la Contraloría General de la República, de prosperar, probablemente provoque que los profesionales provenientes del sector privado vinculados a la ejecución de obras tampoco tomen ninguna decisión, motivados por idéntica preocupación, con lo que el número de obras paralizadas fácilmente se duplicará.
La APC, por las razones expuestas, invoca a la Contraloría General de la República a retirar su proyecto y al Congreso de la República a archivarlo y a redoblar esfuerzos de manera conjunta en la lucha contra la corrupción sin propalar ningún temor y alentando el desarrollo nacional.
Lima, 16 de abril del 2024.
La Junta Directiva
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